Cuando empezaba Septiembre, en los 80 de la dictadura, los profesores de la escuela a la que yo asistía dejaban de hacer clases. Llegando a las 2 de la tarde, la primera actividad era formarse para luego ensayar un desfile. Interrumpidos por los recreos, ensayábamos el desfile hasta la hora de salida (casi las 6 de la tarde), todos los días por dos semanas, para luego mostrarnos ante las autoridades de la ciudad, conmemorando las “glorias” del ejército. Las clases eran reemplazadas por la uniformidad del paso marcial, al son de las marchas militares. Perfecto ejemplo del uso inútil del tiempo escolar.
Hoy en día no hay (aparentemente) militares al mando (aunque aún hay desfiles escolares). Pero la filosofía de la uniformidad se ha trasladado al ambiente abstracto del aprendizaje. Esto ha sido particularmente visible durante el auge de los estándares en los diseños institucionales en educación. El auge de los estándares puede entenderse como la creciente influencia de una idea: que se puede establecer criterios mínimos de formación académica (las famosas competencias), tanto para estudiantes como para profesionales. Evidentemente esta definición es muy abierta, por lo que esos criterios mínimos se reducen a lo que importa: la política. Interesa lo que entrega poder, y allí es donde se juegan los recursos. Así, los Estados han diseñado políticas basadas en estándares, siendo su principal producto la vinculación de recursos económicos a los resultados académicos de estudiantes en pruebas estandarizadas. Dependiendo de los países en que esta política se aplica, las pruebas estandarizadas han influido en el ambiente de las salas de clases, las escuelas, y/o el ambiente de las instituciones de representación democrática. El principal efecto es reducir el espacio de deliberación de la diversidad para buscar el estilo de ‘la respuesta correcta.’ Ello es especialmente visible en el mismo diseño de las pruebas estandarizadas: a quienes las toman se les pide llenar un circulito buscando la respuesta correcta.
Esta aproximación a la política educativa no sólo muestra limitaciones como comprensión de los sistemas de aprendizaje. Es también una contradicción con la motivación de los Estados actuales de incluirse en las llamadas ‘economías del conocimiento’. Chile no es la excepción, más bien es el caso ejemplar de la contradicción. Si la innovación es la clave, dicen, para que el conocimiento tenga un valor económico, basarse en la estandarización es un error, y basarse en pruebas estandarizadas augura un fracaso de la política.
Cualquier profesor al que se le exige tener un buen puntaje en las pruebas estandarizadas va a dedicar su tiempo a ensayar las pruebas estandarizadas con sus estudiantes. Y lo va a hacer sostenidamente. Así como en dictadura había que ensayar un desfile, hoy hay que ensayar la selección de la respuesta correcta. Ello es más cierto cuando, además, se les busca vincular a los profesores con categorías de básico/competente/sobresaliente de acuerdo a los resultados de sus estudiantes en las pruebas estandarizadas. Incluso será más fuerte la presión cuando el sueldo del o la profesor(a) dependa de ello. No es un secreto que las pruebas estandarizadas no son acerca de creatividad, o de pensamiento divergente y crítico. Son, como su nombre lo dice, para estandarizar, son para demostrar que se puede elegir ‘lo correcto.’ Ligar recursos a ello significa cambiar lo que ocurre en la sala de clases. En el fondo es hacer desfilar a los estudiantes para uniformarlos. Pero esta uniformidad es más compleja e invisible, es cognitiva, un resabio cultural de una ideología dictatorial. Podríamos decir que en educación se ha establecido la ‘dictadura del estándar’. Ello es visible con la centralidad política de las pruebas SIMCE, PSU, y últimamente INICIA y la prueba de habilitación docente propuesta por el gobierno para el diseño de la carrera profesional docente. No sirve de mucho decir que hay un sistema de evaluación docente que tiene múltiples elementos de evaluación, si al final lo que realmente importa para la política deficiente de estos años es el puntaje en una prueba. Esa dictadura del estándar es incompetente.
Vivir del conocimiento implica un reconocimiento teórico y práctico a la diversidad, al pensamiento abierto, divergente y crítico. Implica compartir justificaciones para más de una alternativa ‘correcta’ de enfrentar los problemas. Estandarizar no es promover competencias, es promover un sistema incompetente. ¿Cómo se les va a culpar, ahora y luego, a los profesores por la falta de ‘competencias’ de sus estudiantes, si se les obliga a trabajar siguiendo un modelo incompetente?
Este gobierno, y en parte los anteriores, han equivocado el foco de sus políticas educativas si lo que buscan es incluir a Chile y su sociedad en las economías del conocimiento (salvo honrosas excepciones e iniciativas). Esas economías no funcionan de forma estandarizada, sino todo lo contrario. De seguir esta visión poblando los elefantes blancos de ministerios y la academia, en 15 años más veremos un nuevo porrazo de la política educativa. Y eso no será resultado de la mala implementación técnica de la política, sino de la política misma, su dimensión filosófica y su estrechez disciplinar.
Intentar uniformar a la sociedad mediante las armas es visualmente obvio, y así lo intentaron hacer en la dictadura. Intentar uniformar a la sociedad mediante su sistema educativo es lento, más invisible y tal vez más efectivo al andar de un mediano plazo. Así lo vienen haciendo desde los 80, lo siguió haciendo la Concertación, y lo sigue haciendo el gobierno de Piñera. Se hace necesario enfrentar ese supuesto sentido común que sostiene tanta política cerrada y autoritaria. Eso requerirá un grado no menor de creatividad, algo castigado severamente cuando se sigue el impulso de uniformar cognitivamente.
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