El ministro de Educación del gobierno de Piñera, Joaquín Lavín, dio a conocer sus "diez mandamientos" para educación después del terremoto. Si bien la bíblica alocución se refiere a diversos temas tanto de relación con los docentes, evaluación de becas de postgrado y temas curriculares, hay tres que me llaman la atención: la idea aumentar la frecuencia de la aplicación del SIMCE, la revisión de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), y la creación de 50 colegios de excelencia.
Aumentar la frecuencia de aplicación del SIMCE
El subsecretario de Educación sugiere que además de las evaluaciones SIMCE en cuarto básico, octavo básico, y segundo medio, se añadan dos más, una en segundo básico y otra en sexto básico. La justificación de esta inclusión sería que esperar hasta cuarto básico para medir si un niño o niña está leyendo correctamente sería demasiado tarde. Si bien lo que dice el subsecretario puede ser cierto en términos de detectar problemas de aprendizaje a tiempo, es bueno cuestionarse si una nueva medición estandarizada proporcionará más elementos de juicio de los que hoy ya entregan los existentes instrumentos.
Chile tiene un sistema de pruebas estandarizadas bastante robusto. La historia de aplicación de pruebas estandarizadas como el SIMCE y la PSU (que si bien es voluntaria sirve también como medida de la calidad de la educación) es un lujo que Chile tiene como insumo para los investigadores, docentes, y políticos preocupados de la calidad de la educación, permitiendo el desarrollo de numerosos estudios. Añadir otro instrumento estandarizado puede otorgar más insumos para las mismas conclusiones que hasta ahora el mundo ligado a la educación y la población en general ha podido derivar. Añadir más pruebas estandarizadas, más que corregir problemas educativos y pedagógicos, parece estar pensado en tener más elementos de juicio para premiar y castigar a profesores y escuelas por el desempeño académico de sus estudiantes. Sería tal vez más efectivo que para detectar problemas de lecto-escritura a tiempo se aplicara el SIMCE en segundo año básico y no en cuarto año. Los recursos cuantiosos destinados a preparar una nueva evaluación podrían ser destinados a programas de investigación más ricos en detalle que una prueba estandarizada, con el fin de evaluar in situ qué es lo que contribuye mejor a entender el desempeño de los estudiantes en las mediciones estandarizadas o en otras mediciones académicas. Ello ayudaría a enriquecer el repertorio de recursos académicos con los que pueden contar los centros de formación de profesores que se enfrentarán a las realidades que hoy son develadas por las pruebas como el SIMCE o la PSU. Asimismo podría impulsar nuevas discusiones respecto a si las evidencias que obtenemos con las pruebas estandarizadas son suficientes para juzgar el desempeño de los profesores.
Revisión de la PSU
La revisión de la PSU está basada en un criterio bastante confuso. De acuerdo a lo que declara una de las asesoras del Mineduc, se encargó la revisión de los contenidos de la PSU a un país extranjero. Los contenidos serían revisados en términos de calidad como de equidad, y asume como un problema que las revisiones sean siempre realizadas por sus autores.
Si bien es posible entender la lógica que existe en problematizar la idea de la revisión que recae sólo en los diseñadores de la PSU, el camino que delinea el Ministerio no parece ajustarse a los objetivos de una prueba de selección. Siendo los " diez mandamientos" medidas para aplicar después del terremoto, resulta contradictorio que la selección universitaria sea juzgada con ojos extranjeros. Está claro que las universidades (principalmente las del Consejo de Rectores) pueden y están haciendo esfuerzos enormes por ayudar en la reconstrucción del país, y son estas instituciones las que deberían definir cuál es el contenido que consideran más relevante para quienes ingresan a sus aulas. Tal vez los esfuerzos deberían ir dirigidos a coordinar la misma revisión entre los miembros de las universidades complejas que hoy desarrollan investigación, docencia y extensión, y no sólo preocuparse de lo que entidades extranjeras puedan decir, de manera descontextualizada, respecto a qué es lo mejor para seleccionar a la élite profesional del país.
Los 50 liceos de excelencia
El programa de gobierno de Sebastián Piñera impulsa la creación de estos liceos de excelencia. Entre sus características están su localización urbana con sistemas de transporte facilitado, y la expectativa de que son la mejor herramienta de movilidad social y no eternizarán ni ampliarán la brecha entre "buenos" y "malos" alumnos.
A priori la idea no debería tener oposición, pues a largo plazo esperaríamos un mundo de élite universitario poblado por más jóvenes de familias pobres y de clase media. El problema puede ser visto desde el punto de vista del diseño educativo que se promueve con la sola creación de estos liceos como principal herramienta de un programa de gobierno en educación en lo que respecta a equidad del sistema. La institucionalización profunda de la competencia por recursos puede ser un problema que a largo plazo repercuta (y ya repercute) en los valores sociales, y ello no escapa a lo que hoy pasa entre los estudiantes que postulan a formar parte de los liceos de excelencia. Es por ello que la definición de excelencia, como hoy la entendemos desde los liceos públicos, puede acarrear un conjunto de problemas que recaen en lo ideológico, y que el gobierno ha intentado desvincular de la discusión en aras de instalar el chantaje de la agenda patriótica de la reconstrucción. La creación de estos liceos como apuesta única y visible del gobierno en términos de igualdad de acceso a la calidad de la educación representa todo el aparato ideológico que se esconde detrás de la élite: competir para tener posibilidades de buena educación. Los actores educativos deben mirar con mucha atención qué oportunidades se abren con este punto del programa y cuáles son las agendas ideológicas que también se esconden en la "proyectología" del ejecutivo derechista.
De los tres "mandamientos" acá nombrados, es el último el que representa una mayor fuerza en términos de su poder de ejecución y de claridad política. Es difícil que los actores educativos puedan negarse a la noble tarea de ofrecer más oportunidades de excelencia académica en el país. Ello no implica desconocer que el gobierno tiene una agenda cubierta, que es la agenda empresarial, liberal, de la derecha económica y política. Los otros dos proyectos no articulan aun, como mensaje a la ciudadanía, las razones para promover estos cambios, pero sin duda que deben ser contestados pues por ahora no ofrecen resolver muchos problemas de calidad y acceso educativo a todos quienes hoy clamamos y trabajamos por ello.
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