Otra ciencia para Chile

Las últimas semanas los medios, principalmente escritos, han dado espacio para una interesante discusión sobre la institucionalidad de la investigación científica en Chile. El pie a la discusión vino de una iniciativa gubernamental: el traslado de CONICYT al ministerio de economía  que ha creado controversia en la comunidad científica e incluso acciones para evitar que ello ocurra (ejemplo: esta carta de elquintopoder.cl). Hasta ahora, los científicos han comenzado una cruzada discursiva y organizativa buscando sistematizar la crítica y movilizar a la ciudadanía. La crítica a la iniciativa gubernamental, dirigida desde organizaciones como la Asociación Nacional Investigadores de Postgrado(ANIP) y la organización Más Ciencia para Chile, llama la atención sobre varios aspectos beneficiosos sobre crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología para Chile. Sin embargo, resulta curiosa la despolitización con que se instala esta crítica.

Los argumentos de Más Ciencia y la ANIP están enfocados en la incapacidad gerencial tanto del Ministerio de Educación (Mineduc) como del Ministerio de Economía para gestionar los desafíos de la política de investigación científica en el país. Asimismo, se observa una aceptación, reflexiva o no, del concepto de “capital humano” como un agente a ser explotado en pro de un concepto confuso de desarrollo. Priman en la crítica los énfasis en la competitividad regional y la capacidad de competir que tiene la ciencia en Chile. Todo lo anterior se mezcla en las propuestas que han diseminado profusamente en la prensa.

Las propuestas se pueden resumir en cuatro puntos. Primero, la creación de una nueva institucionalidad con un foco en la gestión de la ciencia y tecnología y la solicitud de un plan nacional de desarrollo científico y tecnológico. Segundo, más inversión en investigación y desarrollo con el fin de ampliar la base de recursos competitivos (FONDECYT, doctorados, post-doctorados) y los recursos para la inserción de investigadores en el ámbito académico. Tercero, más formación de investigadores y más coherencia para integrarlos o insertarlos en sus líneas de investigación al término de sus procesos formativos. Y cuarto (el que me parece más curioso), se solicita más difusión de la producción científica chilena. Se propone usar el sistema de educación pública y la infraestructura comunal como una vitrina para difundir lo que producen los científicos en Chile. Incluso se propone una revisión complementaria de planes y programas de estudio para mejorar el aprendizaje de las ciencias, asimismo el fomento del uso de bibliotecas y laboratorios escolares.

Si uno leyera, como científico, las demandas expresadas en estos documentos, no podría sino estar de acuerdo. Pero la trampa es que estas demandan no presentan nada para la ciudadanía. Son un conjunto de peticiones gremiales que por sí mismas no tienen capacidad de convocar a la población en apoyo y corren el riesgo de ser calificadas como un gesto de altivez o arrogancia intelectualista.

Uno de los problemas con el argumento para una nueva institucionalidad ministerial de la ciencia es que no entrega razones políticas para separar la educación de la producción científica. Priman las nociones gerenciales sobre la ciencia. La falta de politización lleva a los científicos organizados a “pedir” cambios curriculares sin necesidad de una explicación que tenga coherencia con su crítica a la incapacidad del MINEDUC de gestionar la ciencia y la investigación.

Otro de los problemas tiene que ver con la conceptualización cuestionable del conocimiento y las personas como capital explotable. Una reflexión más profunda sobre por qué el conocimiento debe ser un bien privativo requiere que los científicos tomen partido o asuman una posición sobre cuestiones de vital importancia política en los modelos de desarrollo productivo del conocimiento.Se esperaría, de una comunidad de intelectuales científicos, una posición política en torno a temas como los derechos de propiedad sobre el conocimiento y la producción científica, copyrights, patentamiento, contratos privados para uso productivo de investigaciones financiadas con recursos públicos, entre otros. Un tercer problema es que, si bien existe un discurso sobre la investigación como un trabajo, no hay una elaboración política sobre las características del trabajador/investigador y su relación con otras demandas de actores relevantes en el ámbito laboral. Las movilizaciones estudiantiles del 2006 y 2011 no solo pusieron en tela de juicio el sistema educativo y su desigualdad, sino que salpicaron a la institucionalidad política y al modo de producción económica que se encuentra detrás de la precariedad de los nuevos profesionales en Chile: la mercantilización de derechos sociales. Eso nos lleva al cuarto problema con el discurso de los científicos organizados: sus demandas se enmarcan en demandas de mercado, por mayor inversión en “capital humano” y en “recursos competitivos”, dejando de lado cuestiones de centralidad ideológica detrás de las luchas sociales del último tiempo (gratuidad, descentralización, cuidado del medio ambiente).

Si los científicos e investigadores nacionales quieren obtener el apoyo social a sus demandas, es necesario que su discurso se politice y entre en sintonía con otras demandas sociales. Algunas preguntas que, me imagino, debiesen representar un proceso previo a la exposición de las demandas de los científicos podrían ser: ¿es necesaria la naturaleza competitiva del desarrollo científico chileno? ¿Es necesario concebir el conocimiento como un recurso privativo a explotar y mercantilizar o como un bien colectivo de desarrollo humanista? ¿Por qué el erario público debiese financiar el desarrollo de conocimiento que va a parar a arcas privadas? ¿Es la “difusión científica” la respuesta para coordinar los sistemas de reproducción del conocimiento científico y la reproducción misma de la comunidad científica (es decir, la respuesta a la educación científica)? ¿Cómo responde una nueva institucionalidad de la ciencia chilena a las demandas ciudadanas en torno a la educación y conocimiento? ¿Por qué las instituciones académicas crean oficinas de patentamiento al conocimiento creado con recursos fiscales? ¿Qué posición establecen las organizaciones de científicos en torno a publicaciones abiertas, conocimiento libre, innovación dirigida y abierta, patentamiento, y copyrights del conocimiento creado con fondos públicos? ¿Qué tipo de trabajador se está gestando en los círculos de la investigación científica? ¿Cuál es la relevancia de este trabajador para las luchas sociales?

Quizá resolver estas preguntas servirá no solo para pedir “más” ciencia para Chile, sino para imaginar otra ciencia para Chile, una en que el conocimiento no sea mercancía.